El presidente de la Federación Nacional de Residencias Privadas
evaluó que puede haber cerca de 2.000 centros ilegales en el
territorio nacional.
Molla dijo que estos centros ilegales se instalan en pisos de no
más de cien metros cuadrados, o en chalés, con una media de 10 ó 12
personas mayores en cada uno de ellos.
Según Molla, en España «hay déficit» de camas para personas
mayores y, mientras en otros países europeos o en Estados Unidos,
la media es de cinco o seis camas por cada cien personas de más de
65 años, en el caso español esa cifra se reduce a 2'5.
«Estamos en una situación crítica; hacen falta 150.000 camas de
aquí a dos años para equipararnos a Europa», opinó; y también
defendió una mayor coordinación entre lo público y lo privado a la
hora de planificar la construcción de residencias de ancianos.
Tras la clausura anteayer de dos residencias de estas
características en Dos Hermanas (Sevilla) por la Junta de
Andalucía, el presidente de la Federación Nacional de Residencias
Privadas defendió que se consideren estas actividades un delito,
como en otros países de Europa, ya que con la legislación actual
sólo son objeto de sanciones administrativas o económicas.
También remarcó la necesidad de un mayor control y coordinación
entre las diferentes administraciones para resolver el problema que
genera este asunto.
Explicó que desde las diferentes asociaciones de la federación que
preside se denuncian los centros ilegales que se descubren y
precisó que, en el caso de Madrid, se han cursado quince denuncias
ante las autoridades de la Comunidad madrileña.
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