El Gobierno quiere limitar los derechos de los inmigrantes ilegales
en materia de educación y vivienda para ampliar de esta forma las
diferencias con los inmigrantes legales. Además, para tener más
facilidades para expulsarlos del país, pretende ampliar el plazo
para su retención y que el Ministerio de Interior asuma
directamente algunas competencias hasta ahora en manos de Justicia
en materia de expedición de visados.
Estos puntos serán planteados hoy por el Gobierno en la ronda de
contactos que mantendrá con los portavoces de los grupos políticos
para conseguir un consenso en la reforma de la Ley de
Extranjería.
La reforma planteada por el Ejecutivo, que parte de las
enmiendas que se introdujeron la pasada legislatura en el Senado,
pero que finalmente decayeron en el Congreso, se centra en tres
bloques de la vigente Ley de Extranjería. En el capítulo de
derechos y libertades, se busca una mayor distinción entre los
inmigrantes legales y los irregulares, con el fin de limitar a
estos segundos prestaciones sociales relativas a la educación y el
acceso a la vivienda. En cambio, no hay intención de modificar los
derechos sanitarios (pues se entiende que son útiles para prevenir
posibles enfermedades de origen subsahariano.
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