La polémica se originó el miércoles tras la emisión de imágenes del
«catálogo de los horrores» descubierto por la policía italiana que
se comercializaba desde Rusia, con escabrosas imágenes de abusos a
niños que terminaban en ocasiones con su muerte. En los
informativos de la tarde de los canales uno y tres de la televisión
pública RAI, se pudieron ver escenas con niños desnudos en manos de
pederastas, a una hora en la que la audiencia es de millones de
personas.
Alertado por las llamadas de protesta que empezaron a llegar a
la redacción, el jefe de informativos de la RAI-1, Gad Lerner,
apareció por sorpresa al final del informativo de las 20'00 horas
para disculparse. «Hemos transmitido imágenes innobles y violentas
y sentimos el deber de pedir excusas», dijo Lerner, quien, al igual
que el responsable de informativos de RAI-3, Nino Rizzo Nervo, y
los tres principales responsables directos de las emisiones,
presentaron ayer su dimisión.
Mientras tanto, la fiscalía de Roma ha abierto una investigación
para determinar si se ha cometido un delito, ya que el Código Penal
italiano prevé sanciones para quien difunda imágenes pornográficas
de menores. También se ocupará de averiguar a través de quién
llegaron a las redacciones los vídeos con las imágenes. Para avivar
aún más el debate, el fiscal de Torre Annunziata (sur), Alfredo
Ormanni, donde se originó la investigación sobre la red rusa,
afirmó que las imágenes emitidas no se corresponden con el material
confiscado por la policía. Mientras los medios de comunicación
alertan sobre la necesidad de no caer en el sensacionalismo y de
actuar con responsabilidad respecto a este tipo de informaciones
sensibles, el caso ha trascendido también a la escena política.
El presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, hizo un
llamamiento para que los medios de comunicación protejan a los
menores de la difusión de imágenes que puedan ser dañinas, ya que
la libertad de comunicación «debe encontrar un límite en el derecho
a un desarrollo de la personalidad del individuo». La oposición
reclamó que el asunto se tratara en el Parlamento con la presencia
de algún representante del Gobierno.
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