La nueva Ley de Derechos Humanos que entró ayer en vigor en
Inglaterra y Gales (ya se aplicaba en Escocia) va a suponer, según
los expertos, la mayor revolución en el sistema judicial británico
desde la Carta Magna (1215).
La ley, sin embargo, se limita a incorporar en la legislación
británica los principios contenidos en la Convención Europea de
Derechos Humanos. La ley defiende el derecho a la vida y a la
libertad de expresión; a no ser víctima de torturas y a proteger la
intimidad de cada quien; a la libertad de contraer matrimonio y de
formar una familia.
También apoya el derecho a un juicio justo, a la libertad de
pensamiento y religión, la libertad de asociación y la prohibición
a ser discriminado por religión o por raza. El ministro británico
del Interior, Jack Straw, aseguró que la ley permitirá proteger a
los débiles contra «el poder arrogante del Estado».
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