La empresa Boliden-Apirsa, que explota la Mina de Aznalcóllar
(Sevilla) y que hace dos años y medio provocó el vertido tóxico que
amenazó al Parque Nacional de Doñana, presentó ayer un expediente
de suspensión de pagos en el Juzgado de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla).
Según informó la empresa en un comunicado, las «enormes
pérdidas» que arrastra, «junto a los malos resultados obtenidos
durante el primer semestre del año, hacen imposible que puedan dar
comienzo los trabajos para iniciar la tercera fase de explotación
de Los Frailes, por lo que sólo se podrán completar las labores en
curso».
La mina sevillana tiene ahora una plantilla de 474 trabajadores
«que habrá que reducir, de acuerdo con los sindicatos», dijo un
portavoz de la empresa, que desvinculó el accidente de hace dos
años y medio con la actual situación económica de Boliden-Apirsa,
que gastó 16.000 millones por la rotura de la balsa minera que
produjo el vertido pero que ha invertido un total de 60.000
millones de pesetas en la explotación sevillana.
El expediente de suspensión de pagos tiene como objetivo
continuar los trabajos en la corta minera denominada de Los Frailes
«hasta finalizar con los trabajos que se están realizando
actualmente». La empresa asegura que de este modo protege tanto a
trabajadores como acreedores y se garantiza la continuación de la
compañía hasta octubre de 2001, y promete que cumplirá con todos
los compromisos.
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