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La propuesta del presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, de publicar los nombres de las personas que tengan una condena por maltratar a su mujer, ha despertado reacciones de todo signo. Frente a los magistrados y la clase política, que se muestran escépticos ante su viabilidad, la Comisión de Mujeres Maltratadas la ha acogido con agrado y no encuentra obstáculos para ponerla en marcha. Concretamente, desde la Asociación Profesional de la Magistratura, manifestaron que es un «tema delicado».

Mayor Oreja resaltó que no hay soluciones mágicas para resolver la violencia doméstica y apostó por la educación y el trabajo en la familia. Incluso en filas socialistas se mostraron cautos. Mientras, el Ejecutivo autonómico asegura que seguirá adelante con la propuesta.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, respondió en este sentido a Bono que «no existen propuestas mágicas ni milagrosas». Mayor Oreja apuesta por abordar el problema desde la educación, la formación, la familia y otros segmentos de la sociedad. En cuanto a la labor de la Administración, considera necesario trabajar desde las instituciones y que exista mucha coordinación entre los diferentes poderes del Estado. Sin embargo, la directora de la Comisión de Mujeres Maltratadas, Consuelo Abril, argumentó que la medida es perfectamente constitucional «siempre y cuando exista una sentencia condenatoria firme». En cuanto a la viabilidad de la propuesta, Abril recordó que hay muchos países que ya están poniendo en práctica iniciativas similares.

La secretaria general de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, calificó la iniciativa, en los pasillos del Congreso, de «brindis al sol» de «dudosa legalidad» y formulada con el afán de «dar el campanazo», y agregó que sería de «muy poca efectividad y generaría más violencia».