Un total de 141.586 mujeres han recibido atención en los 918
centros para maltratadas abiertos en España, según datos del
balance del I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica
1998-2000, presentado ayer en la X Conferencia Sectorial de la
Mujer que preside en Madrid el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Juan Carlos Aparicio.
Este Plan ha contado con una inversión de 8.110.803.032 pesetas,
de los que 4.077.104.971 han sido aportados por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Además, el informe destaca que ha
tenido un cumplimiento de casi el 93%. Así, más de 60.000
profesionales de órganos judiciales, servicios sociales, sanidad y
policía, tanto nacional como autónomica y local, se han formado
gracias al Plan contra los Malos Tratos. De ellos, 30.000 lo han
sido directamente por organismos de la Administración General del
Estado.
En los años de ejecución de este I Plan, los centros para
mujeres maltratadas han pasado de 815 en 1998 a 918 en el año 2000.
Igualmente, los servicios telefónicos de emergencia han tenido un
notable incremento de llamadas relacionadas con los malos tratos.
En el año 2000 han ascendido a 23.365, un 79% más que en 1998 que
fueron 13.020. En los tres años de vigencia del I Plan, el total de
llamadas atendidas sobre malos tratos ha sido de 59.780.
Mientras, los Centros de Acogida para mujeres maltratadas han
pasado de 159 a 255 al finalizar el año 2000, lo que ha supuesto un
aumento del 60%. De ellos, un total de 119 han sido financiados por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de convenios
con Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y subvenciones a
Organizaciones no Gubernamentales. El número de plazas disponibles
en la actualidad es de 3.445.
Por otro lado, se han incrementado de 16 a 43 los Servicios de
Atención a la Mujer del Cuerpo Nacional de Policía (SAM) y se han
creado en 1998 los 54 Equipos de Atención a Mujeres y Menores de la
Guardia Civil (EMUMES) en todas las provincias españolas. También
se han incrementado de 12 a 53 las Oficinas de Asistencia a
Víctimas en las sedes de juzgados y tribunales o en fiscalías,
tanto del Ministerio de Justicia como de los gobiernos
autonómicos.
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