Del Castillo explicó en conferencia de prensa las novedades del
borrador de anteproyecto de ley tras presentarlo en el Pleno del
Consejo de Universidades, organismo que se denominará «Consejo de
Coordinación Universitaria», según el texto, que podría llegar al
Congreso en junio o julio. Entre las novedades figura, además de la
supresión de la selectividad, una prueba de habilitación para
ingresar en el cuerpo de profesores funcionarios; la elección por
sufragio universal del rector y una agencia de acreditación.
La ministra matizó que todavía no se puede dar una fecha para la
desaparición de la selectividad, y pidió «no crear confusión», ya
que primero hay que aprobar la ley y después pasar por un «régimen
transitorio». Este sistema «puede funcionar o no» con independencia
de que la ley de calidad, prevista para otoño, instaure una
«reválida», o prueba de conocimientos, al finalizar el
Bachillerato, continuó la titular de Educación, quien argumentó el
cambio porque en «un nuevo contexto» demográfico y «nos parece
mejor dejar autonomía a las universidades». En los requisitos de
acceso que establezca cada universidad para sus centros, que no
tienen porqué ser siempre exámenes, se «respetarán los principios
de igualdad, mérito y capacidad», y en los reglamentos posteriores
se incluirán mecanismos para que los estudiantes que se consideren
«perjudicados» puedan recurrir.
Del Castillo, preguntada por los problemas de aplicación y por
su coincidencia con la implantación del distrito abierto, garantizó
que «ningún estudiante se quedará sin plaza» y que este sistema
«funcionará de forma sencilla», como en otros países. El texto
propone «un modelo de selección de funcionarios que garantice la
calidad, más abierto y más competitivo», y establecerá una prueba
de habilitación de carácter general, con un tribunal de siete
miembros elegidos por sorteo. Posteriormente, los «habilitados»
podrán concursar a las universidades donde haya plaza en su área de
conocimiento, aunque los centros podrán elegir entre «todos los
docentes que tienen condición de titulares», es decir, también
entre «el conjunto de profesores que ya ejercen».
El PSOE expresó ayer su «total desacuerdo» con la supresión de
la prueba de Selectividad y la recuperación de la reválida, «porque
ello no garantiza el nivel académico, sino todo lo contrario»,
según la portavoz de Educación en el Congreso, Amparo Valcarce.
Además, añadió que esta decisión y la de «querer implantar la
reválida» en el Bachillerato, significa «que el estudiante al final
se encontrará con una carrera de obstáculos: la reválida y una
prueba en cada facultad».
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