La propuesta socialista se recoge en una de las enmiendas
presentadas a la futura ley que regulará los derechos y
obligaciones de los pacientes, médicos y centros sanitarios, en
materia de información y documentación clínica, el derecho de los
ciudadanos a decidir por anticipado sus voluntades por si, en el
momento de la intervención médica, no se encuentran en situación de
expresarlas. Según el PSOE, las Comunidades deberán comunicar al
registro nacional los testamentos vitales «de cuya existencia
tengan constancia», aunque la inscripción en este banco no sería
«en absoluto requisito de validez del documento».
Los grupos han presentado 126 enmiendas sobre esta proposición
de ley, que comenzó su tramitación en el Congreso el pasado mes de
junio después de que se aprobara en el Senado en marzo. La mitad de
esas enmiendas corresponde al PP, que considera que para legislar
este asunto, es precisa la «adaptación de la ley General de Sanidad
con el objetivo de aclarar y armonizar la situación jurídica y los
derechos y obligaciones de los profesionales sanitarios, los
ciudadanos y las instituciones sanitarias» en materia de
información y documentación clínica.
Las aportaciones del PP están encaminadas a «la vertebración de
unos principios esenciales» para «contribuir a la definitiva
superación de los problemas de confrontación y a la diversidad de
las aplicaciones existentes hasta el momento» sobre esta cuestión.
En relación con el llamado consentimiento informado, por el cual
toda intervención requiere la consulta previa al paciente, el grupo
popular añade dos nuevos supuestos de excepción a la exigencia de
este aceptación, prescindible cuando existe riesgo para la salud
pública o cuando el enfermo no puede dar su autorización ante una
situación grave para su integridad física.
Uno de los nuevos supuestos es cuando «el paciente no esté
capacitado para tomar decisiones» y otro cuando éste «haya
manifestado expresamente su deseo de no ser informado». En
cualquier caso, el PP propone que si el paciente no es capaz de
entender la información, deberá informarse a las personas
vinculadas a él por razones familiares o «de hecho».
En el capítulo de los testamentos vitales, el PP sólo presenta
una enmienda, pero en las disposiciones adicionales pide que se
supriman aspectos concretos que no correspondan a la legislación
básica del Estado y que son competencias de las Comunidades. Los
socialistas, que plantean 30 enmiendas, abogan por que la
formalización del testamento vital corresponda a las legislaciones
autonómicas y que la Administración vele por el «buen uso de los
archivos de datos de los pacientes». Según defiende el PSOE, «la
prestación del consentimiento informado es un derecho del paciente
y su obtención, un deber del médico».
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