El Gobierno español habría exportado armamento por el doble de los
23.000 millones de pesetas que ha declarado en su informe sobre el
año 2000 al Congreso de los Diputados, según denunciaron ayer en
Madrid las ONG Amnistía Internacional (AI), Greenpeace, Intermón
Oxfam y Médicos sin Fronteras de acuerdo con los datos obtenidos
por la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Las ONG, que forman parte
de la campaña «Adiós a las armas», pidieron al Gobierno una mayor
transparencia en las ventas de armas en el futuro, para evitar la
disparidad en los datos que han observado.
Según explicó Alberto Estévez, analista de la Cátedra UNESCO,
desde 1997 el Gobierno se comprometió a informar sobre las ventas
de armas al extranjero cada seis meses. No obstante, «el Gobierno
ha incumplido esta ley en los últimos cuatro años» y no ha ofrecido
en su informe anual datos esenciales, como son «el tipo de producto
exportado o quién recibe dicho material».
De acuerdo con el informe, los investigadores se han encontrado
con que «un cuarto de las exportaciones van a países que violan el
Código de Conducta sobre transferencias de armamento del Consejo
Europeo». Dicho código establece que no se debe vender armamento a
países sancionados, inestables, en conflicto armado, que vulneren
los Derechos Humanos, que no condenen el terrorismo o que tengan
una delicada situación de bienestar.
Paradójicamente, España exporta armamento a países como Arabia
Saudí, Colombia, Emiratos Àrabes Unidos, India, Indonesia, Israel,
Jordania, Pakistán, Sri Lanka o Turquía, y además, no se especifica
qué tipo de armamento ni quiénes son sus últimos destinatarios, lo
que hace temer, según estas ONG, que en algunos de los casos las
armas lleguen a ser reexportadas o que caigan en manos de grupos
guerrilleros o terroristas.
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