Un juez de Barcelona ha invitado a los 'okupas' que han
rehabilitado viviendas abandonadas y que han sido desalojado con
«fines especulativos» a que reclamen daños y perjuicios por la vía
civil por las mejoras que han realizado.
La idea es del juez barcelonés Santiago Vidal, quien también ha
instado a la Fiscalía a «aclarar su actitud errática» en los casos
de ocupación pacífica de viviendas. Vidal propuso en una sentencia
que los denunciantes de 'okupas' de casas abandonadas que empleen
la vía penal para conseguir sus propósitos puedan ser sancionados,
por ejemplo, con la imposición de las costas del proceso penal.
El juez se pronunció de esta manera al criticar la «temeridad y
mala fe» de una inmobiliaria por denunciar a tres 'okupas' de una
casa abandonada hace 20 años del barrio de Sant Andreu y retirarse
del proceso penal cuando logró el desalojo.
Ayer, Vidal dijo que ésta y otras inmobiliarias hacen un «uso
fraudulento de la vía penal» que cuesta al erario público
«centenares de miles de pesetas» y ha agregado que las costas
judiciales de un proceso como el de Sant Andreu cuesta más de
100.000 pesetas.
El juez ha recordado que, cinco años después del desalojo
policial del antiguo Cine Princesa, «la finca sigue igual» y ha
dicho que los denunciantes disponen del proceso civil de desahucio
a precario para conseguir sus fines.
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