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El Gobierno de EE UU ha puesto fin al «suicidio asistido» en el país al ordenar sanciones a los médicos que apliquen la eutanasia a pacientes desahuciados.

La decisión del secretario de Justicia, John Ashcroft, borró de un plumazo la de su antecesora, Janet Reno, que en 1998 había aprobado el resultado de un plebiscito en el estado de Oregón, el primero en el país, que dio vía libre al llamado «suicidio asistido».

El dictamen de Ashcroft permitirá que la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) revoque las licencias federales que tienen los médicos para recetar medicamentos, si éstos ayudan a morir a pacientes que no tienen posibilidades de curación y que se encuentran bajo un sufrimiento insoportable.

En una carta enviada al titular de la DEA, Asa Hutchinson, Ashcroft explicó que el «suicidio asistido» no constituye una «razón médica legítima» para recetar o administrar fármacos controlados por el Gobierno federal. El secretario de Justicia tomó esta decisión de acuerdo con un dictamen del Supremo que no ofrece excepciones a las leyes federales que rigen el uso de marihuana para pacientes con cáncer, sida y otras enfermedades crónicas.

Según la «Ley para Morir con Dignidad» de Oregón, los médicos pueden recetar fármacos letales para enfermos adultos a los que les queden menos de seis meses de vida, hayan decidido de forma voluntaria morir y puedan tomar decisiones libres sobre su salud.