Imagen de una operación policial contra una red de prostitución en Barcelona.

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EFE-VIGO El negocio de la prostitución mueve alrededor de dos billones de pesetas anuales en España, dijo el comisario-jefe de Seguridad Ciudadana de A Coruña, Manuel Javier Peña, en el I Foro Internacional de Galicia sobre prostitución que se desarrolla en Vigo. Según Javier Peña, que participó en una ponencia sobre tratamiento de la prostitución y tráfico de mujeres, en España hay actualmente unas 300.000 prostitutas, de las que un 70 por ciento procede de países extranjeros y algo menos de un 50 por ciento se encuentran en situación ilegal. Agregó que según los datos oficiales que manejan las fuerzas policiales, el 50 por ciento de estas mujeres son de nacionalidad colombiana, un 10 por ciento proceden de los países del Este y un 6 por ciento son nigerianas.

El comisario-jefe de Seguridad Ciudadana aseguró que estas mujeres son captadas en sus respectivos países a través de anuncios de prensa y con ofertas engañosas por medio del boca a boca, de manera que son introducidas en España por las redes de tráfico ilegal haciéndolas pasar por turistas y con documentación falsa. En el caso de las subsaharianas, dijo, generalmente llegan en pateras o en otro tipo de embarcaciones. Peña también facilitó datos sobre los delitos de coacción investigados el año pasado en España, que ascendieron a 199, de los cuales se resolvieron 144, procediéndose a la detención de 210 personas relacionadas con estos hechos.

En el Foro sobre Prostitución intervino también el inspector jefe de Extranjería de la Comisaría de Policía de Vigo, Manuel López Vázquez, que puso de relieve la existencia de grandes infraestructuras de las que disponen estas redes de tráfico de mujeres que, dijo, llegan a crear sus propias empresas de transporte y agencias de viaje. Según López Vázquez, uno de los problemas que se encuentra la Policía a la hora de intervenir en los casos de prostitución es el de enfrentarse a la «ley del silencio», ya que, señaló, «tanto las mujeres como sus familias están amenazadas» y que «nadie denuncia».

También dijo que a la hora de incoar expedientes contra los clubes de alterne las fuerzas policiales se encuentran con muchas dificultades para determinar su titularidad, ya que los proxenetas se ocultan bajo sociedades mercantiles detrás de las cuales hay «testaferros insolventes». Señaló igualmente de las complicaciones que se encuentran las fuerzas de seguridad en el momento de tratar de establecer la identidad de las mujeres que son prostituidas.