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Cinco jueces de la Cámara de los Lores "máxima instancia judicial del Reino Unido" han dictaminado, por unanimidad, que la voluntad de Diane es contraria a la vigente Ley del Suicidio de 1961 y que por nadie se puede abolir esa legislación sin la aprobación del Parlamento.

La enferma, que sufre una enfermedad neuronal motora y es parapléjica de cuello para abajo, argumenta que su calidad de vida es nula y que, por eso, había emprendido una batalla legal para evitar que su esposo, Brian Pretty, sea procesado si le ayuda a morir.

Tras conocer el dictamen, Diane Pretty, postrada en su silla de ruedas y a través de su marido "ella no puede ni hablar", manifestó su enorme decepción diciendo: «Siento que no tengo derechos. Los lores no quieren admitir que la ley se equivoca».

Pero Diane «quiere seguir adelante» y tratará de apelar la decisión judicial ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos, según adelantó su marido, un hombre «cansado» de un tortuoso proceso legal pero dispuesto a acabar con el dolor constante de su esposa.

Su abogado, Mona Arshi, miembro del grupo pro derechos humanos «Liberty», ha insistido en que «Diane pide un muerte digna y en paz y unas garantías para que aquellos que están en una situación tan precaria puedan tener la misma opción».