Los ganaderos cargarán los gastos de esta operación al precio de sus productos.

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La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) decidió ayer aceptar la propuesta del Ministerio de Agricultura de trasladar el coste de la eliminación de las harinas de carne al consumidor, que se cifra entre tres y siete pesetas por kilo, según el tipo de carne. Según un portavoz de ANGED, que junto a la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) se reunió ayer con representantes del Ministerio de Agricultura, «no hay otra solución que comprar más caro y vender más caro».

Este portavoz aseguró que «cada uno intenta comprar a los mejores precios», ante la pregunta de si la distribución dejará de presionar a la industria cárnica para obtener precios más bajos. El Ministerio de Agricultura ya ha anunciado que su objetivo se centra en que los ganaderos no sufran los costes de la eliminación de estos residuos cuando termine la financiación estatal en enero de 2002 y que se traslade realmente a la cesta de la compra. Agricultura prevé llegar a un acuerdo intersectorial con la industria y la distribución, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como norma contractual en cuanto esté suscrito por las partes.

Las asociaciones de consumidores han mostrado ayer su indignación ante la posibilidad de que la gran distribución traslade al consumidor el coste de la eliminación de las harinas de carne, entre tres y siete pesetas por kilo. El portavoz de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), Antonio López, insistió en que ese coste tiene que ser asumido por el Estado y recordó que la crisis de las «vacas locas» no ha terminado. Añadió que pese a que el incremento de precio esté estipulado entre tres y siete pesetas por kilo, el distribuidor podrá subirlo el porcentaje que quiera, ya que este es un mercado libre, aunque advirtió que el consumidor también puede dejar de comprar este producto, tal y como ocurrió al principio de la crisis.

Por su parte, el portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), Enrique García, calificó de «lamentable» la iniciativa del MAPA y aseguró que la mejor manera de defender los derechos de los consumidores es que continúen las ayudas para la eliminación de las harinas cárnicas, «que eran necesarias antes y ahora». Advirtió de que, aunque se insiste en que el consumo de carne de vacuno se ha normalizado, la «percepción» de la UCE es que todavía no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis.