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EFE-VALLADOLID Un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, notificado ayer, ordena que en siete días se deje sin actividad y, en el plazo de tres meses se desmonten, las instalaciones de telecomunicaciones por ondas próximas a un colegio de Valladolid en el que se han registrado tres casos de cáncer infantil. El juez José Alberto Rodríguez Carretero argumenta para resolver la medida cautelar de la desmantelación de las instalaciones «la ausencia de inocuidad en la emisión de radiaciones de radio frecuencia» e «indicios de ilegalidad penal de la actividad en la vía administrativa».

El auto advierte de que en los dictámenes que obran en las actuaciones «en ninguno de ellos se establece que la emisión de radiofrecuencias de telefonía fija es inocua para la salud humana, siendo un tema controvertido científicamente el grado de afectación a la salud». También advierte el juez de que en una instrucción penal no se puede pretender dar una solución a esta controversia, sino que «debe considerar exclusivamente el factor riesgo».

Después de considerar también que no se trata de un «riesgo específico» por tratarse de emisiones no ionizantes y no encontrar relación directa con los casos de cáncer infantil, el juez apreció «indicios muy poderosos» de que los funcionarios que autorizaron las instalaciones hayan concedido las licencias de «manera contraria a las normas urbanísticas».