EfeBarcelona08/01/02 0:00
TW
0

El juez ha archivado la querella presentada por una docena de entidades contra la policía y la delegada del Gobierno en Catalunya, Julia García Valdecasas, por los incidentes ocurridos durante la manifestación antiglobalización del pasado 24 de junio en Barcelona. El titular del juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, Emili Vila, señala en su auto que «existió represión» por parte de la Policía, pero cree que su actuación fue correcta y proporcionada y no se produjo del modo y la forma que denunciaron los manifestantes, es decir, para provocar daños y lesiones y perturbar la concentración, que acabó con 22 detenidos y una cincuentena de heridos.

El juez descarta que «existiera un plan policial consistente en que miembros de la Policía de paisano causaran daños indiscriminados con la finalidad de justificar la represión policial». El juez considera que ya tiene más que suficiente para adoptar esta decisión con el interrogatorio del jefe superior de Policía, Miguel Angel Fernández Rancaño, y del ex jefe de los agentes antidisturbios de Barcelona, Silverio Blanco, y el visionado de las cintas grabadas por la policía y las imágenes tomadas por los medios de comunicación sobre lo sucedido.

Las entidades denunciantes pidieron la práctica de más pruebas, como el interrogatorio de 110 testigos y de los mandos de la brigada de información de la Policía, a la que hacían responsable de los daños que sufrieron comercios y otros bienes particulares y públicos durante aquella manifestación. Al respecto, el magistrado no ve ninguna utilidad procesal en la práctica de más pruebas tras destacar la «explicación detallada» que ofreció Fernández Rancaño quien, entre otras cosas, justificó que la policía no actuase durante la manifestación para detener a los «violentos» para evitar una actuación de la policía «indiscriminada».

Las entidades que denunciaron a la policía por los incidentes recurrirán el archivo de la causa, al tiempo que estudian acudir a la vía contenciosa por «anormal funcionamiento» de los servicios públicos, en este caso los policiales. Valdecasas, por su parte, considera que la decisión judicial «ayuda a poner las cosas en su sitio».