Los ciudadanos podrán conocer por anticipado el coste y la duración de un proceso judicial

Para ello, el documento establecerá que los abogados deberán informar previamente a sus clientes antes de que contraten sus servicios en base a unos principios deontológicos y a una relación de confianza entre ambas partes. En este sentido, las fuentes consultadas indicaron que el propio Ministerio de Justicia sería el que estableciera, tras las pertinentes reformas legislativas, la duración lógica de los procesos y que, en caso de que el tiempo previsto fuera superado, el ciudadano sea informado de los motivos e incluso si puede tener derecho a algún tipo de compensación. Además, se quiere que la justicia gratuita «no esté reñida con la calidad» si un ciudadano se acoge a ella.

La elaboración de este documento fue uno de los compromisos a los que llegaron los representantes parlamentarios en el Pacto por la Reforma de la Justicia. El objetivo es que la Carta no recoja sólo los derechos de los ciudadanos, sino que sea operativa enumerando los medios necesarios para ello.

En este sentido, para concluir un procedimiento en el plazo fijado también sería necesario mejorar la dotación de los recursos en forma de un mayor personal.