La rectora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Rosario
Valpuesta, pidió la intervención policial para desalojar a los
inmigrantes por el deterioro de la situación tras casi dos mes de
encierro. Valpuesta destacó ayer que en los últimos días se habían
producido nuevas incorporaciones al encierro, mientras que un
«pequeño grupo» amenazaba al resto, llegando a estar en peligro «su
derecho a la vida».
La rectora incidió en que la Universidad sólo posee como
instrumentos la palabra y el diálogo, y «no se le puede pedir
otros», por lo que cuando éstos «vienen a ser inútiles, carece de
sentido su utilización». Además, reiteró que los inmigrantes
impedían la realización de las obras previstas en el recinto
universitario y que habían llegado a «amenazar con la ocupación de
nuevos espacios académicos», haciendo «imposible la convivencia
entre ocupantes y universitarios», denunció. Al respecto, el
coordinador de la Comisión Jurídica de la Universidad, Andrés
Rodríguez Benot, confirmó la entrada en los últimos días de otros
cien inmigrantes, algunos de los cuales habrían vuelto por la falta
de campañas agrícolas en Andalucía en estas fechas.
Los 273 inmigrantes desalojados el jueves ya han sido
identificados y continúan en un gimnasio anexo a las dependencias
policiales, a la espera de prestar declaración, y ya cuentan con la
asistencia de un turno específico de letrados, coordinado por el
Colegio de Abogados, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y
la Comisión Jurídica de la Universidad Pablo Olavide.
Rodríguez Benot explicó que su situación es «peculiar» porque se
les están aplicando medidas cautelares calificadas como «retención
administrativa, pero que no dejan de ser una detención en el
sentido de privación de libertad, aunque no es una detención
penal». Desde los equipos jurídicos se pretende que aquellos que
tengan un expediente abierto «puedan salir tranquilamente de las
dependencias policiales», mientras que consideran que a aquéllos
que estén en situación irregular se les incoará un expediente de
expulsión y los que ya tengan decretada la expulsión «son los
máximos candidatos a abandonar el país y ser repatriados a
Argelia».
Aunque no exista convenio con Argelia, los Estados tienen sus
sistemas de adopción de medidas, explicó, para lo que sería
fundamental la colaboración del Consulado de Argelia en España,
aunque afirmó que «muchas de las expulsiones son inejecutables».
Rodríguez Benot señaló que entiende que serán trasladados al Centro
de Estancia Temporal de Tarifa (Cádiz) los que vayan a ser
expulsados inmediatamente, mientras que tiene la impresión de que a
los que se les incoe un expediente se les pondrá en libertad. Por
su parte, la ONG Médicos del Mundo, que ha prestado atención
sanitaria a los inmigrantes, afirmó ayer que lo incierto de su
futuro ha provocado entre ellos ansiedad, angustia y
desconcierto.
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