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La rectora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Rosario Valpuesta, pidió la intervención policial para desalojar a los inmigrantes por el deterioro de la situación tras casi dos mes de encierro. Valpuesta destacó ayer que en los últimos días se habían producido nuevas incorporaciones al encierro, mientras que un «pequeño grupo» amenazaba al resto, llegando a estar en peligro «su derecho a la vida».

La rectora incidió en que la Universidad sólo posee como instrumentos la palabra y el diálogo, y «no se le puede pedir otros», por lo que cuando éstos «vienen a ser inútiles, carece de sentido su utilización». Además, reiteró que los inmigrantes impedían la realización de las obras previstas en el recinto universitario y que habían llegado a «amenazar con la ocupación de nuevos espacios académicos», haciendo «imposible la convivencia entre ocupantes y universitarios», denunció. Al respecto, el coordinador de la Comisión Jurídica de la Universidad, Andrés Rodríguez Benot, confirmó la entrada en los últimos días de otros cien inmigrantes, algunos de los cuales habrían vuelto por la falta de campañas agrícolas en Andalucía en estas fechas.

Los 273 inmigrantes desalojados el jueves ya han sido identificados y continúan en un gimnasio anexo a las dependencias policiales, a la espera de prestar declaración, y ya cuentan con la asistencia de un turno específico de letrados, coordinado por el Colegio de Abogados, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y la Comisión Jurídica de la Universidad Pablo Olavide.

Rodríguez Benot explicó que su situación es «peculiar» porque se les están aplicando medidas cautelares calificadas como «retención administrativa, pero que no dejan de ser una detención en el sentido de privación de libertad, aunque no es una detención penal». Desde los equipos jurídicos se pretende que aquellos que tengan un expediente abierto «puedan salir tranquilamente de las dependencias policiales», mientras que consideran que a aquéllos que estén en situación irregular se les incoará un expediente de expulsión y los que ya tengan decretada la expulsión «son los máximos candidatos a abandonar el país y ser repatriados a Argelia».

Aunque no exista convenio con Argelia, los Estados tienen sus sistemas de adopción de medidas, explicó, para lo que sería fundamental la colaboración del Consulado de Argelia en España, aunque afirmó que «muchas de las expulsiones son inejecutables». Rodríguez Benot señaló que entiende que serán trasladados al Centro de Estancia Temporal de Tarifa (Cádiz) los que vayan a ser expulsados inmediatamente, mientras que tiene la impresión de que a los que se les incoe un expediente se les pondrá en libertad. Por su parte, la ONG Médicos del Mundo, que ha prestado atención sanitaria a los inmigrantes, afirmó ayer que lo incierto de su futuro ha provocado entre ellos ansiedad, angustia y desconcierto.