En torno a medio centenar de personas presentaron ayer en los
juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) una denuncia por la vía de
lo penal contra el director de la Agencia del Medicamento, Fernando
García Alonso, por la retirada del Bio Bac del mercado. Según
informó Gustavo Galán, el abogado que representará a este
colectivo, se ha elegido la vía penal en lugar de la contencioso
administrativa por ser la más rápida. Los pacientes denunciarán a
este organismo por «presunta omisión de auxilio».
Aunque en un principio se habló de cerca de cien, finalmente,
los de otras provincias, concretamente Lugo, Barcelona y Cádiz, no
«han podido desplazarse a Madrid», según explicó Galán. No
obstante, se espera que se adhieran a la misma en próximas fechas.
En calidad de portavoz, el abogado explicó que el colectivo no
comprende como «por primera vez, se ha ordenado la intervención de
las fuerzas de orden público para retirar un producto que
finalmente, las autoridades sanitarias han manifestado que es
inocuo y no produce daño alguno».
Además, entienden que aunque las autoridades sanitarias deben de
velar por la tutela de la salud pública, no se ha tenido en cuenta
que Bio-Bac lleva en el mercado cerca de cuarenta años y que en el
pasado fue financiado por la Seguridad Social. También critican que
las autoridades sanitarias hace unos días, en el caso del niño con
la enfermedad de Pompe, facilitaran un medicamento no registrado y
experimental. «Alabamos esta actuación, pero es ilógico que se les
prive hoy de este producto a los pacientes», destaca el letrado.
Igualmente, reivindican el derecho de autonomía del paciente.
Pero los principales argumentos jurídicos que utilizará la
defensa será un auto de la Sala Tercera, Sección Primera del
Tribunal Supremo de 1989 que, según este letrado, rechazó la
retirada del mercado de este producto; el segundo será la sentencia
del Tribunal Supremo de junio de 1990 en la que se impuso la
asistencia médica a unos presos de la banda terrorista GRAPO que se
encontraban en huelga de hambre.
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