Usuarios de Bio-Bac denuncian a Sanidad por «omisión de auxilio»

Aunque en un principio se habló de cerca de cien, finalmente, los de otras provincias, concretamente Lugo, Barcelona y Cádiz, no «han podido desplazarse a Madrid», según explicó Galán. No obstante, se espera que se adhieran a la misma en próximas fechas. En calidad de portavoz, el abogado explicó que el colectivo no comprende como «por primera vez, se ha ordenado la intervención de las fuerzas de orden público para retirar un producto que finalmente, las autoridades sanitarias han manifestado que es inocuo y no produce daño alguno».

Además, entienden que aunque las autoridades sanitarias deben de velar por la tutela de la salud pública, no se ha tenido en cuenta que Bio-Bac lleva en el mercado cerca de cuarenta años y que en el pasado fue financiado por la Seguridad Social. También critican que las autoridades sanitarias hace unos días, en el caso del niño con la enfermedad de Pompe, facilitaran un medicamento no registrado y experimental. «Alabamos esta actuación, pero es ilógico que se les prive hoy de este producto a los pacientes», destaca el letrado. Igualmente, reivindican el derecho de autonomía del paciente.

Pero los principales argumentos jurídicos que utilizará la defensa será un auto de la Sala Tercera, Sección Primera del Tribunal Supremo de 1989 que, según este letrado, rechazó la retirada del mercado de este producto; el segundo será la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 1990 en la que se impuso la asistencia médica a unos presos de la banda terrorista GRAPO que se encontraban en huelga de hambre.