Con la estimación por parte del TSJ del escrito de demanda
formulado por el Consell, queda asimismo suspendida cautelarmente
la concesión por parte del Consistorio de cualquier tipo de
licencia urbanística o acto administrativo derivado de la licencia
impugnada, así como la ejecución material de obras de urbanización
o de ejecución. Ese escrito está vinculado al recurso contencioso
administrativo planteado por la institución insular en el que se
impugnaba la concesión de la licencia de segregación y parcelación
otorgada por el Ayuntamiento en la comisión de Gobierno celebrada
el 13 de septiembre de 2001.
La Sala ha tenido en cuenta que si no se concedía esa suspensión
el recurso del Consell podría perder su propia finalidad en caso de
que finalmente se anulara definitivamente la segregación, dada la
dificultad que entrañaría devolver la zona a su estado original una
vez estuviera completamente urbanizada, aunque prácticamente ya lo
está.
El auto contiene un fundamento de derecho, el tercero, que
podría ser fundamental para la resolución del caso ses Torres que
se investiga en el juzgado de instrucción y primera instancia
número 4 de Eivissa. La magistrada del TSJ recuerda en él que
existe una sentencia de 31 de julio de 1997 que afirma que el Plan
de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) de Santa Eulària, en el que
el Ayuntamiento se basó para conceder esas licencias, es nulo,
aunque en ella «no se declara expresamente dicha nulidad». Sin
embargo, la jueza también advierte que «ese fundamental dato (el
reconocimiento de la nulidad del PDSU) es reconocido hasta por el
propio Ayuntamiento de Santa Eulària, según se observa del
Expediente Administrativo y documento nº 82 aportado». Es decir, el
propio Consistorio ha entregado a la Sala de lo Contencioso un
documento en el que admite que el PDSU es nulo, algo que tanto su
alcalde, Vicent Guasch, como su equipo de Gobierno y defensa
jurídica, a cargo del letrado José María Roig Vich, habían negado
hasta el momento, aunque en la práctica tenían paralizado ese
planeamiento urbanístico. De hecho, el juzgado ha reclamado al
Ayuntamiento un documento firmado por el alcalde y el secretario
accidental en el que se reconoce que según el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) el suelo de ses Torres no era urbano.
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