El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Jaime Montalvo,
calificó ayer de «escandaloso» el hecho de que el 34 por ciento de
los jóvenes menores de 30 años no pueda emanciparse ni comprar una
vivienda. De hecho, una pareja de jóvenes necesita destinar a esta
financiación sus rentas conjuntas durante un periodo de 25 años,
porcentaje que se duplica en el caso de que la compra la afronte
una sola persona, que, además, debe ahorrar durante 11 años para
abordar el pago de la entrada.
Montalvo cree que el problema de la accesibilidad a la vivienda
«constituye un problema de Estado que requiere una respuesta muy
seria y coordinada por parte de todas las Administraciones. No
podemos permitirnos el lujo de tener a la juventud en una situación
de desarraigo, preocupación o permanencia en el hogar familiar que
originará una sociedad no equilibrada», afirmó.
Para el presidente del CES, la causa del problema de la
accesibilidad a la vivienda en España no reside únicamente en el
suelo, sino en la ausencia de una «adecuada regulación». En
concreto, el CES considera necesario incentivar la coordinación de
las actuaciones de las tres administraciones -Central, Autonómica y
Local- y «equilibrar adecuadamente» la descentralización con la
cooperación a la hora de tomar decisiones.
Soluciones
Montalvo también apuntó como soluciones el fomento del alquiler,
sobre todo social, la construcción de mayor número de viviendas de
protección oficial (VPO) y medidas fiscales. Además, subrayó la
conveniencia de que el Ejecutivo revise la fiscalidad que soporta
la adquisición de la primera vivienda y sugirió establecer
mecanismos fiscales más rigurosos en la compra de viviendas con
fines especulativos.
Por su parte, los socialistas Cristina Narbona y Jesús Caldera
presentaron ayer su Ley del Suelo alternativa a la del Gobierno,
con la advertencia de que si no se llega a un acuerdo en la
Conferencia Sectorial de la Vivienda de mañana miércoles en torno a
sus líneas generales, aplicará las medidas incluidas en su
propuesta en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que
gobierna.
Los principios de la proposición socialista son tres: el
planeamiento urbanístico reservará suelo para vivienda protegida
según legisle cada comunidad, con un mínimo del 25 por ciento; las
administraciones realizarán políticas activas de promoción de
viviendas protegidas (en venta o alquiler), y todo los suelos de
titularidad pública se destinarán a usos públicos o viviendas
protegidas, primando el mantenimiento de esta titularidad si se
llevan al mercado.
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