El embajador marroquí en España, Abdeslam Baraka, reclamó ayer la
devolución de los menores marroquíes que emigran a España no
acompañados y que quedan bajo la tutela de la Administración
española. Baraka se reunió con el delegado del Gobierno para la
Extranjería y la Inmigración, Ignacio González, para preparar la
reunión del Grupo de Trabajo sobre Inmigración y Asuntos Sociales
que tendrá lugar el próximo lunes, 17 de febrero.
En su opinión, en el asuntos de menores, hay algunas
disposiciones españolas que deben variarse. «La Ley española
protege al menor. Desde nuestro punto de vista y, sin querer entrar
en detalles, nosotros consideramos que el menor marroquí no tiene
capacidad legal para decidir emigrar y hay una obligación de
devolverlo», comentó.
La legislación española prevé la reagrupación familiar del menor
en su país de origen como primera medida, que puede intentar
llevarse a cabo durante nueve meses y siempre que se encuentre a la
familia del menor. De no ser así, el menor queda bajo la tutela de
la Administración, que debe documentarlo y tramitar su residencia
cuando cumpla la mayoría de edad.
En ese sentido, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid,
Pedro Núñez Morgades, afirmó ayer que la situación de cada menor
extranjero no acompañado debe ser estudiada individualizadamente.
«Debe primar el principio universal del interés superior del
menor», afirmó. Asimismo, subrayó que debe tenerse en cuenta que si
el menor está en España es porque algo ha fallado en su lugar de
origen, ya sea porque los padres han pretendido lucrarse del
trabajo del menor, o bien por la acción de las mafias.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes considera
imprescindible «que ambos países planteen medidas conjuntas» para
localizar a sus familias y realizar un seguimiento al menor. De lo
contrario, los menores «volverán a intentar» introducirse en
España, «devolverlos no es la solución».
Por otro lado, Baraka manifestó también la voluntad de su
Gobierno de luchar contra la inmigración irregular y subrayó que
esta misma semana el Parlamento marroquí debate de forma
extraordinaria y con carácter de urgencia una nueva Ley de
Extranjería que prevé la cadena perpetua para los traficantes de
personas cuando sus acciones provoquen víctimas mortales. «Ésta es
la manera marroquí de disuadir la inmigración irregular»,
recalcó.
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