El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que
dejarán de ser expedidos, desde el próximo lunes, cinco millones de
certificados de papel que la Administración estatal requiere a los
ciudadanos cuando realizan trámites para solicitar prestaciones por
desempleo, una beca o un seguro agrario.
Así lo anunció el ministro de Administraciones Públicas, Javier
Arenas, quien explicó que la filosofía de esta iniciativa es «no
pedir datos que la Administración ya tiene» referidos a la Agencia
Tributaria y la Seguridad Social.
A partir del lunes, cuando entrará en vigor el Real Decreto, los
funcionarios de los distintos departamentos donde se realicen los
trámites se encargarán de recabar la información necesaria a las
unidades que ya los tienen registrados, añadió.
En la actualidad, se solicitan algo más de seis millones de
certificados al año (el 80 por ciento a la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social) que afectan a unos quinientos trámites, de los
que 378 son requeridos para pedir ayudas y subvenciones y 121 a
prestaciones sociales. Este nuevo proceso, dijo el ministro, es un
«paso extraordinario» que simplificará la Administración y la
burocracia, y conllevará un ahorro de tiempo para los ciudadanos y
los organismos públicos. Además, indicó, se complementará en el
plazo de un año cuando también el Ministerio de Justicia dejará de
expedir otro millón de certificados de «matrimonio, nacimiento,
defunción y ultimas voluntades».
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