Las víctimas de malos tratos acreedoras de la Orden de
Protección -que entrará en vigor el 28 de abril- tendrán derecho a
una prestación económica «inmediata» durante diez meses y superior
a 300 euros mensuales, explicaron ayer miembros de la subcomisión
que estudia medidas en respuesta a la violencia de género.
Precisamente esta ayuda económica era el principal escollo de la
subcomisión, que acabará seguramente sus trabajos, para llegar a un
acuerdo final. Las diputadas del grupo socialista, de IU y PP,
Micaela Navarro, Marisa Castro y Carmen Quintanilla,
respectivamente, informaron del consenso alcanzado en el seno de la
subcomisión sobre esta ayuda, que permitirá a las mujeres u hombres
objeto de maltrato y que carecen de recursos acceder a la misma de
forma automática.
Esta protección económica se articulará a través de la renta
activa de inserción, de carácter estatal y que se modulará en
función de las cargas familiares de la víctima, explicó Castro.
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