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El conseller de Justicia, Josep Maria Vallés, manifestó ayer su «sorpresa desagradable» por el caso de una mujer de Lérida, a la que un juez de Torrelavega (Cantabria) retiró la custodia de sus hijos porque el traslado de los niños a Catalunya les supondría «ciertas perturbaciones» por las diferencias lingüísticas entre las dos autonomías.

El auto del juez refleja que Catalunya «es una comunidad autónoma en la que existen importantes diferencias de orden cultural con respecto a Cantabria, especialmente lingüísticas».

En un auto de medidas provisionales dictado el pasado 19 de septiembre se consideró que los niños podrían tener problemas «en el aprendizaje del catalán, que no se debe olvidar es el utilizado primordialmente en los centros educativos de Catalunya y que es preferible evitar».