La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, confirmó
ayer que el Gobierno estudia la derogación de la norma que permite
la expulsión automática de los inmigrantes ilegales condenados a
menos de seis años, lo que no evitará que la expulsión se produzca
una vez cumplida la pena.
También se refirió Rumí a la llegada de pateras a las costas
españolas, e indicó que «se está haciendo un esfuerzo, pero los
efectos no son inmediatos; este fin de semana ha sido una imagen
clara de lo dramática y trágica que es la llegada de los
inmigrantes en patera, y de la inmigración clandestina», dijo en
alusión al naufragio en el que, en Tarifa, se han rescatado cinco
cadáveres.
«Es lógico que lo hagamos porque nos parecía una reforma muy
injusta e ineficaz por el efecto de animar a cometer delitos y,
solo un matiz, derogarla para no expulsarles inmediatamente, pero
evidentemente porque queremos que cumplan la pena de cárcel aquí, y
después la expulsión, que no se suprime en ningún caso», explicó
Rumí.
La responsable de inmigración también dijo que esa norma, puesta
en marcha por el Gobierno del PP, es «discriminatoria con los
españoles o con los inmigrantes regulares, que tienen que ir a la
cárcel».
«Si se quiere ganar la batalla contra la inmigración irregular
hay que hacerlo con mucha contundencia. La patera es la imagen de
la inmigración clandestina y también del tráfico y extorsión de los
seres humanos», señaló Rumí, quien no obstante precisó que del
total de irregulares que entran en España, sólo el 10 por ciento
utiliza la patera.
Por otra parte, en Ceuta más de 400 inmigrantes duermen fuera
del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) debido a la
saturación de este recinto, que tiene cubiertas sus 420 plazas y
que tiene previsto aumentar su capacidad con 50 nuevas en los
próximos días.
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