Caldera y Rumí (izq.) cifran entre 800.000 y un millón el número de inmigrantes afectados.

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Según Jesús Caldera, junto a los más de 1'7 millones de inmigrantes que viven en España con tarjeta o autorización de residencia, en el país hay entre 800.000 y un millón «sin papeles», muchos de los cuales podrán regularizar su situación.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, explicó por su parte que cualquier cifra que se pueda ofrecer del número de extranjeros que podrán regularizar su situación en ese plazo de tres meses es ahora «absolutamente especulativa» y, tras asegurar que no habrá colapso en la tramitación de los expedientes, se comprometió a resolver las solicitudes de los empresarios en un mes.

Una disposición transitoria del reglamento abrirá un plazo de tres meses para que puedan obtener autorización de residencia por un año quienes lleven empadronados al menos seis meses y cuenten con un contrato de trabajo formalizado por al menos otros seis.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, descartó que esa fórmula para regularizar «de 800.000 a un millón» de inmigrantes desencadene un efecto llamada, ya que el objetivo es «dar respuesta a un problema que tenemos encima de la mesa» y que ha sido causado por la falta de política migratoria en el pasado.

Rumí, hizo ayer un llamamiento a los inmigrantes que puedan verse afectados por la Disposición Transitoria que se abrirá en 2005 para la legalización de trabajadores que no acudan a las Oficinas de Extranjeros. Por un lado, porque todavía no está a probado el Reglamento y no se les podrá suministrar información y, por el otro, porque son los empresarios los que tienen que sustanciar los trámites para que obtengan la autorización de trabajo y residencia.