En cuanto a los desencuentros entre el Ejecutivo español y la
Iglesia, Rouco Varela explicó que la institución está tranquila
porque «el Gobierno ha garantizado que se respetarán los acuerdos
existentes».
En todo caso, precisó que la gran discusión actual se refiere a
«cuestiones culturales, como la enseñanza de la religión, que
cuando parecía que estaba resuelta se ha suspendido la ley». «Ahora
existe un problema técnico, pero por lo demás no existen
contenciosos abiertos», añadió el presidente de la Conferencia
Episcopal. Rouco añadió, en cualquier caso, que advierte un
«despertar de la conciencia de los católicos» en la sociedad.
Homosexuales
Respecto a los matrimonios entre homosexuales, señaló que «es un
problema que va más allá de las relaciones institucionales
Gobierno-Iglesia». Para el arzobispo, el matrimonio entre
homosexuales «es una problemática que se vive en toda Europa» y es
necesario discutirlo desde «el punto de vista antropológico».
El Vaticano desea que las relaciones con el Gobierno español
sean fructífera, pero mantiene, con firmeza, que el discurso del
Papa a los obispos españoles se corresponde con la realidad y ha
invitado al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que lo relea «todo»
minuciosamente.
Así se desprende de las declaraciones hechas también ayer por el
portavoz vaticano, Joaquín Navarro Valls, después de que el nuncio
(embajador de la Santa Sede) en España, Antonio Monteiro, fuera
llamado a consultas al Ministerio de Exteriores, donde se le
expresó «la extrañeza» que han causado en el Ejecutivo las palabras
del Pontífice.
El Papa Wojtyla denunció ante los prelados que en España se está
difundiendo un laicismo y un indiferentismo religioso que está
promoviendo un desprecio por la religión y que está llevando a la
restricción de la libertad religiosa.
Tras «tomar nota» del comunicado del Gobierno español, Navarro
dijo que por parte del Vaticano «remitimos a una minuciosa lectura
de todo el discurso pontificio, que ilustra la posición de la
Iglesia».
Con esas palabras, el Vaticano se reafirma en lo dicho por el
Papa, cuyo discurso, según subrayaron altas fuentes de la Santa
Sede, iba dirigido a los prelados y en ningún momento se nombró al
Gobierno. Sólo se mencionó a los «poderes públicos» cuando Juan
Pablo II recordó que tienen el deber de garantizar el derecho de
los padres a la enseñanza religiosa en la escuela.
La reunión con el Nuncio del Vaticano suscitó las críticas del
PP. El portavoz del partido en el Congreso, Eduardo Zaplana criticó
que «se llame a capítulo» al Nuncio cuando se muestran
discrepancias con el Ejecutivo.
Mientras, el secretario de Organización del PSOE a nivel
federal, José Blanco, apostó por una «buena relación» con la
Iglesia «desde el respeto a la verdad» y advirtió de que el
discurso pronunciado el pasado martes por el Papa «no se
corresponde para nada con lo que está sucediendo en España».
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