La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recibió ayer el informe de manos del presidente del comité, Emilio Lledó, y varios de sus miembros.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recibió ayer el informe de manos del presidente del comité, Emilio Lledó, y varios de sus miembros.

Europa PressMadrid22/02/05 0:00
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El comité de expertos nombrado por el Gobierno para elaborar una propuesta de reforma de los medios públicos de comunicación presentó ayer su informe, tras nueve meses de trabajo, a la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega. Entre sus medidas, propone que el director general lo nombre mediante convocatoria pública un consejo de administración de nuevo cuño y profesionalizado.

El nuevo Consejo de Administración que se propone estaría formado por ocho miembros, cuatro elegidos por el Parlamento, a propuesta de al menos la mitad de los grupos parlamentarios, por mayoría cualificada de dos tercios; dos por el Consejo Audiovisual, y dos por las centrales sindicales mayoritarias. Su mandato se extendería por seis años (mandato superior al de una legislatura como refuerzo de su independencia) y sus miembros deberían ser profesionales de reconocido prestigio en el ámbito audiovisual.

También pide asumir la deuda, prohibir nuevo endeudamiento, 40 por ciento de financiación por publicidad (limitada a 9 minutos por hora) y un 45-50% de subvención del Estado. La 2 dejaría de tener publicidad, y se crearía una fundación compartida con Cultura para la gestión de la Orquesta y Coros.

El director general sería elegido por el Consejo de Administración, por mayoría de dos tercios de sus miembros, tras convocatoria pública y una vez informado favorablemente por el Consejo Audiovisual, cuya creación se recomienda que sea inmediata.

En el nuevo modelo de la radio y la televisión públicas existiría además un Consejo de Redacción que garantizaría la independencia informativa, y un Consejo Asesor que canalizaría la participación de la sociedad civil y el derecho de acceso de los grupos sociales significativos, tal como establece la Constitución Española.