Éstas fueron perseguidas por lanchas de la Guardia Civil que
trataron de evitar la aproximación, pero tras realizar maniobras de
evasión, dos de los acusados, María Teresa Ambrós y Lawrence
Martin, se subieron a la boya para colocar una pancarta, momento en
el que fueron detenidos.
En la sentencia, el Ministerio Fiscal considera como hechos
probados que en marzo de 2003, mientras se encontraban en la base
naval de Rota (Cádiz) buques de guerra estadounidenses que iban a
ser presuntamente destinados a la guerra de Irak, y en el contexto
de una serie de protestas organizadas por Greenpeace, el buque de
la organización Rainbow Warrior acudió a la zona para continuar las
protestas.
En el buque se hallaban todos los acusados como integrantes de
la organización, que había protagonizado diferentes acciones de
protesta que incluían la navegación por la bahía y fuera de la zona
de seguridad de la base de lanchas neumáticas con pancartas en
contra de la guerra, aunque el día 14 salieron cuatro de estas
embarcaciones y se dirigieron a la zona de seguridad de la base
para colocar pancartas.
Por su parte, el capitán del buque, Daniel Rizzotti, fondeó en
la zona de seguridad de la base, pese a estar prohibido, y aunque
fue requerido por la Guardia Civil para que abandonase la zona,
hizo caso omiso al requerimiento.
El Juzgado de Primera Instancia de Rota autorizó entonces a la
Unidad de la Policía Judicial a que entrase en la embarcación y
notificase al capitán que debía abandonar la zona, pero tras más de
una hora y media, el barco seguía allí y los tripulantes se
encerraron en el puente.
La Guardia Civil cortó entonces la cadena del barco y dos
remolcadores lo condujeron al puerto de Cádiz, donde la Guardia
Civil forzó la puerta que da acceso al puente de mando, quedando en
el pasillo Phillip Walter, que trató de impedir a los agentes su
avance. Al tratar de bajar los agentes, la escotilla estanca cayó,
sin que se haya determinado la causa, causando lesiones a dos
agentes. La sentencia considera que se trata de una falta de orden
público por la que se le impone una multa de 600 euros.
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