Llamazares y De la Vega, durante el pleno del Congreso celebrado ayer.

TW
0

El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde, de manera definitiva, a una proposición de ley orgánica que permitirá perseguir la práctica de la mutilación genital femenina aún cuando se produzca fuera de las fronteras españolas. CiU, formación responsable de la iniciativa, introdujo una enmienda que adelanta la entrada en vigor del proyecto de Ley al día siguiente de su publicación en el BOE. De esta manera coincidirá con la puesta en marcha de los juzgados especializados de violencia contra la mujer, el 29 de junio.

El Grupo de CiU, formación responsable de la iniciativa, introdujo una enmienda al proyecto que adelanta la entrada en vigor del proyecto de Ley, el día siguiente al de su publicación en el BOE. De esta manera coincidirá con la puesta en marcha de los juzgados especializados de violencia contra la mujer, el 29 de junio. Cuando entre en vigor esta ley, la jurisdicción española será competente para perseguir los hechos fuera del territorio nacional, según la ley penal española, tal y como sucede con delitos como el genocidio, el terrorismo, la piratería, la prostitución, la corrupción de menores o el tráfico de drogas.

El Congreso ratificó las enmiendas introducidas en el Senado que recalcan el objeto de la Ley: la persecución extraterritorial de la práctica de la mutilación genital femenina cuando la comisión del delito se realiza en el extranjero, «como sucede en la mayor parte de los casos, aprovechando viajes o estancias en los países de origen de los inmigrantes».

Esta práctica, que va desde la extirpación del clítoris hasta el cosido de los labios vaginales ya está tipificada en el Código Penal, con una pena de entre 6 y 12 años de cárcel. Pero ahora se trataba de modificar la ley orgánica para que puedan ser perseguidos aquellos inmigrantes que efectúen tales prácticas.

Mercè Pigem (CiU), ponente de la Ley, se felicitó por su aprobación definitiva y la ratificación de las enmiendas que «dan coherencia al texto». Explicó que esta norma no se circunscribe al ámbito jurídico y señaló la necesidad de realizar un «esfuerzo pedagógico» y de concienciación sobre las comunidades donde se realizan estas prácticas. Para ello, destacó la labor que realizan en algunas ONG especializadas en esta problemática así como la importancia de que se impliquen las mujeres a la hora de «trasladar a sus familiares y amigas la necesidad de erradicar esta práctica ritual de iniciación a la adolescencia y sustituirla por otra de carácter simbólico».