La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebró ayer
por la mañana la tercera sesión del juicio contra los acusados de
blanqueo de Son Banya. En apenas tres horas declararon ante el
tribunal 19 de los 26 procesados. La mayoría ellos se declararon
culpables de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda
Pública, aceptando así el pacto propuesto por el fiscal. Es decir
reconocieron que habían comprado pisos, fincas rústicas, solares
donde habían construido chalets con piscina, vehículos y una cuadra
de caballos, entre otros bienes, «con dinero procedente de la
droga». También admitieron que el dinero ingresado en una serie de
libretas en distintos bancos era producto del narcotráfico.
No obstante, en ningún momento señalaron de dónde venía la droga
y, a preguntas de sus respectivos abogados, afirmaron que están muy
arrepentidos de haber utilizado el dinero del narcotráfico para
adquirir todos estos bienes.
A grandes rasgos, los acusados que han aceptado el pacto con el
fiscal Juan Carrau eludirán la cárcel a cambio de penas de multas y
el embargo de los bienes comprados con dinero del narcotráfico.
Esta mañana continuará el juicio con la declaración del resto de
los acusados y posiblemente quedará visto para sentencia.
La primera en declarar ayer fue «la Paca», quien admitió haber
usado dinero de la droga para comprar dos pisos en Palma, una finca
en Sencelles, un monovolumen de 4 millones de pesetas, otro coche
de dos millones y dos vehículos más de un millón de pesetas cada
uno. También puso a nombre de su sobrina una libreta con 11
millones de pesetas y dijo que el dinero de otra cartilla a su
nombre en otro banco también era fruto de la venta de droga.
Asimismo, declaró que tenía conocimiento de que dos hermanos suyos,
también acusados y que se reconocieron culpables, habían montado
una cuadra de caballos trotones con dinero del narcotráfico.
La declaración de los acusados se realizó con rapidez. Casi
todos respondieron afirmativamente a las preguntas preparadas por
el fiscal. La única que se salió del guión y no aceptó el pacto fue
la administradora de una inmobiliaria que compró dos pisos a «la
Paca» a un precio inferior al de mercado, y que posteriormente
vendió a un precio más elevado.
Esta mujer declaró que, como responsable de una inmobiliaria, se
dedica a ésto, no pide a sus clientes de dónde sacan el dinero y no
pensaba que ayudaba a «la Paca». Al respecto dijo que le compró los
pisos porque creía que quería deshacerse de ellos y negó estar
relacionada con el clan para blanquear dinero. Sin embargo, explicó
al fiscal que «imaginaba» que el dinero venía de la droga y después
lo pensó cuando la policía fue a su oficina.
Dos acusados respondieron afirmativamente sólo a la mitad de las
preguntas del fiscal. Ambos reconocieron que habían comprado bienes
con dinero de la droga, pero defendieron que otros de su propiedad
habían sido adquiridos trabajando de vendedores ambulantes o
heredados.
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