El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley que incluye una
nueva subida de la fiscalidad sobre el tabaco para desincentivar el
consumo y como consecuencia de su reducción de precios, a pesar de
los incrementos adoptados el 16 de septiembre de 2005 y el 20 de
enero de 2006.
El nuevo incremento de la fiscalidad se produce después del error
cometido por treinta diputados socialistas en su votación del
jueves que dio lugar a la derogación, en el Pleno del Congreso de
los Diputados, del Real Decreto Ley del 20 de enero por el que se
aumentaban los tipos impositivos del impuesto.
El decreto establece un nivel mínimo de imposición que permite
asegurar que todos los cigarrillos soportarán una tributación por
impuestos especiales de, al menos, 1'10 euros por cajetilla.
El Real Decreto incluye también medidas transitorias de apoyo a
los estanqueros por las que se establece un margen transitorio
complementario del 0'25 por 100, que se suma a la comisión del 8'5
por 100 que perciben.
Esta medida estará en vigor hasta el 30 de junio de 2006, y
durante este periodo el Ministerio de Economía y Hacienda queda
habilitado para modular su importe, que podría llegar al 1 por 100,
y su duración, en función de la evolución del mercado.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha incluido a los quioscos de
prensa que cuenten con las autorizaciones administrativas
pertinentes dentro de la relación de locales que están autorizados
para la venta del tabaco.
Esta venta deberá hacerse a través de máquinas expendedoras
situadas siempre en el interior de los quioscos y su autorización
no afecta a aquellos quioscos que estén ubicados en lugares en los
que la Ley prohíbe fumar y, por tanto, vender tabaco.
El error en la votación se debió a que la diputada socialista
María del Carmen Sánchez, encargada de indicar el voto a los
miembros de su partido, se equivocó, lo que hizo que muchos de
ellos se pronunciasen en contra. Con este Real Decreto el Gobierno
pretendía luchar contra la proliferación de marcas de cigarrillos
baratos que incitan a su consumo, por lo que estableció una subida
de un punto porcentual del tipo impositivo «ad valorem», que pasaba
del 54'95 al 55'95 por ciento y subió dos euros el tipo impositivo
específico, que pasó de 4'20 a 6'20 euros por cada mil cigarrillos.
Los quiosqueros aplaudieron la decisión del Gobierno al considerar
que garantiza la viabilidad del 40% de los locales que estaban
abocados al cierre por la Ley Antitabaco.
Por otra parte, la Asociación Española de Puntos de Venta de
Tabaco (Aepvetab), que integra a unas 150 empresas, no descarta
iniciar acciones legales al creer que el nuevo decreto es «aún más
discriminatorio». Desde la asociación afirman estar «peor que
antes», porque ahora se permite sólo a unos pocos volver a vender
tabaco, cuando hay otros puntos de venta que tenían también
licencia para hacerlo antes de la ley.
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