El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza ha condenado a
las tres empresas responsables del vuelo Yak-42 a pagar una
indemnización global de más de 10 millones de euros a los
familiares de los 62 militares que fallecieron al estrellarse el
aparato en Turquía cuando regresaban a España desde Afganistán.
La sentencia establece que no se indemnizará a los hermanos mayores
de edad de las personas fallecidas y que todos los hijos, sea cual
sea su edad, cobrarán, al menos, 44.281 euros. Además, se establece
el pago de otros mil euros por víctima por todos aquellos objetos
personales que portaban los militares.
En una larga sentencia, que se hizo pública ayer y en la que se
estiman parcialmente las demandas de las familias, el juez
pormenoriza las cantidades que recibirán los familiares de las
víctimas y que oscilarán entre los 8.856 euros y los 131.000,
dependiendo del grado de relación con la persona fallecida.
El primer juicio civil por este caso se celebró en una sala
especial habilitada en la Feria de Zaragoza los pasados días 24 y
25 de enero, y en el mismo las familias solicitaron unos 60
millones de euros en indemnizaciones a la compañía aérea Ukranian
Mediterranean Airlines (UM Air), a la contratista del vuelo Chapman
Freeborn y a la reaseguradora Busin Joint-Stock Insurance.
Los más de diez millones de euros que deberán pagar las citadas
empresas están muy lejos de lo que pidieron las familias, pero en
la sentencia se explica que atender a la indemnización solicitada
por ellas es «claramente desorbitante» y «discriminatorio» respecto
a otros fallecidos también en circunstancias trágicas.
El presidente de la Asociación de Familias de Víctimas del
Yak-42, Alfonso Agulló, mostró su satisfacción por la sentencia ya
que «corrobora que teníamos razón y que el Yak nunca debió despega.
Es una traducción del informe de la Comisión Internacional, por lo
que demuestra que teníamos razón y las pruebas suficientes para
demostrarlo».
Por su parte, el ministro de Defensa, José Bono, expresó ayer su
alegría por la condena impuesta por un juzgado de Zaragoza a las
compañías UmAir, Chapman Freeborn y Busin Joint Stock Insurance por
entender que la decisión judicial supone dar la razón a los
familiares de los 62 militares que perdieron su vida en mayo de
2003 en Turquía. «Me alegro de que esa sea una sentencia que da la
razón a las familias del Yakovlev, a las que tantas veces les han
quitado la razón en tantos ámbitos. Es de justicia y de honor para
los familiares de quienes murieron en aquellas circunstancias por
ir en un avión basura y por estar sometidos a un viaje que nunca
debió haberse realizado con aquellas capacidades tan poco
diligentes», afirmó.
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