El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de
Garantía de Igualdad entre hombres y mujeres que permitirá avanzar
en la equiparación real de sexos en España. El Gobierno, aseguró
que ésta es la norma más importante para alcanzar la igualdad de
sexos desde que se aprobó la Constitución, confía en que ésta
suponga un impulso decisivo para la consecución de la igualdad
«real y efectiva» en nuestro país.
La patronal se opone al Anteproyecto de la Ley de Igualdad por su
carácter obligatorio y su régimen sancionador para las empresas,
así como por el procedimiento usado por el Gobierno para sacar
adelante la norma.
El anteproyecto de la Ley de Igualdad fijará la paridad
obligatoria en las listas electorales (ningún sexo podrá tener
menos del 40%), garantizará ese equilibrio en los nombramientos del
Consejo de Ministros, y estimulará a las empresas para fomentar la
presencia de mujeres en sus consejos de administración.
Los empresarios calificaron de «rejón de muerte al diálogo
social» el acuerdo al considerar que el Ejecutivo ha hecho caso
omiso a sus propuestas.
Entre las principales razones para oponerse al texto la patronal
alega que el borrador atribuye a las empresas una «responsabilidad
que no les corresponde en exclusiva», mientras que elude «la
responsabilidad de los trabajadores, de los poderes públicos y del
conjunto de la sociedad».
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que aprobó
este anteproyecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, aseguró que se trata de la norma más
importante para alcanzar la igualdad desde que se aprobó la
Constitución Española.
Presentada poco antes de la celebración del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora (el 8 de marzo), el objetivo de la norma, como
destacó el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, es
acabar con la discriminación que sufre la mujer y lograr que la
igualdad legal vaya acompañada de una igualdad real, con medidas de
acción positiva.
En el ámbito laboral, destaca, por ejemplo, el permiso de
paternidad de 8 días, la mejora de las excedencias para el cuidado
de hijos -se considerarán cotizados los dos primeros años-, la
inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación y
la nulidad de las represalias que pueda sufrir una mujer por un
embarazo.
Para potenciar la participación de la mujer en la política, la
Ley de Igualdad, que será orgánica, reformará la ley orgánica
electoral general y obligará a presentar en todos los comicios
listas en las que ningún sexo tenga una representación inferior al
40 por ciento, ni superior al 60 por ciento en puestos de
salida.
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