«Es un compromiso electoral, pero también, y casi aún más, un compromiso ético con una parte de la ciudadanía». De este modo tan elocuente justificaba la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de ley de Identidad Sexual, que permitirá a las personas transexuales cambiar el nombre y el sexo de sus documentos oficiales sin necesidad de haberse sometido a una operación.
El proyecto especifica que la mención de sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que se le ha diagnosticado 'disforia de género', mediante informe médico o de psicólogo colegiado. Además, deberá probar que ha sido tratada médicamente durante, al menos, dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado.
Además, y también concerniente al ministerio de Justicia, el Gobierno recibió ayer un informe sobre el anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria por el que se descargará de trabajo a los jueces en otros funcionarios como secretarios judiciales, notarios o registradores para los casos en que no exista un conflicto de interés entre particulares.
En su exposición de motivos para la aprobación de la Ley que permitirá el cambio de sexo y de nombre en el DNI sin necesidad de operarse, se explica que la transexualidad, considerada como un cambio en identidad de género, ha sido ampliamente estudiada por la medicina y por la psicología.
De este modo, el Gobierno entiende que «se trata de una realidad social que requiere de una respuesta del legislador para garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas cuya identidad de género actual no se corresponde con el sexo con el que inicialmente fueron inscritas».
Según informaron fuentes socialistas, al contrario que en otros países europeos, como Alemania, en el anteproyecto que se ha aprobado no se establecerá como condición para el cambio de la identidad que la persona transexual sea estéril. Tras consultar a los expertos, el Gobierno consideró que una vez iniciado un tratamiento hormonal, las personas se ven imposibilitadas para concebir un hijo. De esta manera se superaría la posible inseguridad jurídica que supondría el hecho de que una persona transexual tuviera descendencia después de haber cambiado su identidad, por ejemplo, que una mujer se quedara embarazada después de haber cambiado su identidad por la de un hombre.
En este sentido, el PP rehuso declarar, pero la portavoz del grupo popular en este área, la diputada Enriqueta Seller, garantizó la «sensibilidad» de su partido hacia el colectivo transexual y, como ejemplo, destacó la iniciativa defendida por la presidente madrileña, Esperanza Aguirre.
La Asamblea de Madrid aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley, presentada por el PP e IU, en la que se insta al Gobierno central a presentar una ley de identidad de género para permitir la rectificación del nombre y del sexo, y a incluir en el catálogo de prestaciones públicas las operaciones quirúrgicas para ese colectivo. El pasado 16 de mayo, el PP rechazó en el pleno del Congreso una moción defendida por ERC, que fue apoyada por el resto de los grupos, con la que se instaba al Gobierno a aprobar una ley de identidad de género.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.