La organización ecologista internacional Greenpeace reclamó ayer al Gobierno español que prohíba tanto la producción como el almacenamiento y uso de bombas de racimo en territorio español y su venta al exterior, al tiempo que instó al Ejecutivo a apoyar los esfuerzos de Bélgica o Noruega en favor de la adopción de un tratado internacional que prohíba este tipo de bombas, «especialmente letales para los civiles y en especial para los niños».
Según Greenpeace, España es uno de los países donde se fabrican bombas de racimo y cuyo Ejército dispone de ellas. En una respuesta escrita al Congreso de los Diputados en junio de 2005, el Ministerio de Defensa reconoció que el Ejército del Aire «dispone de un arsenal limitado de bombas que contienen, respectivamente, submuniciones contra carro y antipista». Asimismo, aseguró que no tenía constancia de que estas armas hubieran sido utilizadas por España en ninguna de las campañas internacionales en que ha participado.
«La desactivación de estas bombas es una de las principales tareas que han asumido los soldados españoles en el Líbano», declaró en Madrid la responsable de la campaña de Desarme de Greenpeace, Mabel González, en la presentación del informe «Bombas de racimo: la lluvia de acero». «Resulta paradójico que España esté vendiendo armas de racimo y luego los soldados españoles tengan que asumir los riesgos de desactivarlas», añadió.
El Ejército español dispone, según Greenpeace, de tres tipos de armas de racimo: la bomba BU-100 B (Rockeye), importada de Estados Unidos; la bomba antipista BME-330, de fabricación nacional; y la bomba de mortero MAT-120, de fabricación nacional. Según la organización, el Gobierno debería «destruir o desmantelar los arsenales de bombas de racimo en poder del Ejército».
El director ejecutivo de Greenpeace-España, Juan López de Uralde, lamentó en la rueda de prensa la falta de transparencia sobre el comercio español de armamento, que hace «muy difícil saber con exactitud la vinculación de España en la producción y comercialización de estas armas». «Las fabrican para venderlas, pero es imposible saber dónde las están vendiendo y si las están vendiendo a causa de esa opacidad», declaró Mabel González. No obstante, Greenpeace asegura que cuatro empresas españolas están asociadas a la producción de bombas de racimo: Expal Explosivos, Instalaza SA, Santa Bárbara e International Technology SA.
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