La diputada socialista Carmen Alborch y la abogada Blanca Hernández, ayer en Madrid. Foto: J.L.PINO/EFE

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El Grupo Socialista en el Congreso no promoverá una regulación laboral de la prostitución, ni contempla introducir en la legislación penas contra las personas que contraten sexo, si bien promoverá nuevas medidas contra el tráfico de mujeres y la explotación sexual, según informó ayer la diputada Lourdes Muñoz.

Para ello, el PSOE propone la aplicación de más medios y nuevos instrumentos de carácter jurídico, como el desarrollo de la Ley de Testigos Protegidos o el uso de la prueba anticipada para ampliar la protección de las víctimas contra las mafias.

Los socialistas presentaron ayer un informe en la última sesión de la ponencia encargada de estudiar la situación de la prostitución en España. El informe, votado por el conjunto de los grupos al mediodía, parte de la base de que el fenómeno de la prostitución, el tráfico y la trata de mujeres «están absolutamente relacionados» y rechaza la idea de que «la prostitución es un trabajo».

El PSOE pretende seguir el criterio de Naciones Unidas y contempla la prostitución como una explotación sexual, aunque haya consentimiento de la víctima. Partiendo de esta base, pretende reducir el fenómeno de la prostitución en España e insta al Gobierno a realizar un plan contra la explotación sexual que, en primer lugar, se centre en intensificar la lucha contra el tráfico y la trata de personas.