Miembros de la plataforma presentan el CD con el millón de firmas recogidas. Foto: BALLESTEROS/EFE

Miembros de la plataforma presentan el CD con el millón de firmas recogidas. Foto: BALLESTEROS/EFE

OTR PressMadrid20/03/07 0:00
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La plataforma 'Todos contra el canon' presentó ayer ante el Ministerio de Industria un manifiesto con 1.069.000 firmas en contra de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para establecer un canon de derechos de autor que, según esta entidad, puede encarecer un 25% los equipos electrónicos y favorecer la 'brecha digital' en nuestra sociedad. 'Todos contra el canon' está formada por usuarios, internautas, consumidores y ciudadanos, así como profesionales, asociaciones empresariales y sindicatos que, mediante su pertenencia a la plataforma, pretenden que se impida el pago de un canon «indiscriminado» en todos los equipos y soportes informáticos y de telecomunicaciones.

Así, el canon digital supondrá un gran impacto económico en la UE, ya que, traduciéndolo a números, los DVD incrementarán su precio en más del 60% y, como ejemplo, un reproductor ipod de 30 Gb podría tener un coste añadido de 90,6 euros.

La reforma de la LPI llevará consigo la implantación de un canon digital que grava un porcentaje determinado sobre los soportes informáticos o equipos reproductores capaces de copiar y almacenar obras culturales que permiten al usuario hacer uso de la obra que haya adquirido previamente.

La plataforma reclama que la reforma de la LPI beneficie a «dos o más entidades de gestión de derechos de autor» que «están sacando provecho en común de un adelanto tecnológico» y denuncia que se pague el canon a la hora de adquirir el producto para hacer uso de la obra y no se imponga en el precio de la propia obra. Según 'Todos contra el canon', esta ley afecta directamente al cierre de numerosas empresas ya que ha «auspiciado el mercado negro». A su juicio, la competitividad con el mercado asiático y americano cada vez es mayor debido a la imposición del canon en Europa, que aunque ya se desarrolla en una veintena de países, no grava en un porcentaje tan elevado como el que se pretende imponer en España.