Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan desde ayer con una base de datos de identificadores de ADN conjunta que integrará las bases con que cuentan la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas y otras instituciones como el Instituto Nacional de Toxicología, gracias a la entrada en vigor de una ley orgánica, que además prevé que para determinados delitos «de especial gravedad y repercusión social» puedan extraerse muestras biológicas de sospechosos o detenidos sin autorización judicial ni su consentimiento.
En concreto, la nueva ley permite que se tomen muestras de ADN a sospechosos o detenidos implicados en delitos que afecten a la vida, la libertad y la integridad de las personas; al patrimonio, siempre que haya violencia o intimidación de las personas, y en los casos de delincuencia organizada. No obstante, el afectado deberá ser notificado por escrito de los derechos que le asisten por su inclusión en el registro.
Según explicó un comisario de la Comisaría General de Policía Científica, las diferentes bases de datos permanecerán integradas cuentan ya con 45.000 perfiles genéticos, de los que 6.000 son «indubitados», es decir, pertenecen a personas identificadas. El resto, 39.000, son «anónimos» y pertenecen a muestras recogidas en el día a día en inspecciones oculares de las escenas del delito.
El responsable policial aseguró que antes de la publicación de la ley la Policía, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra ya estaban trabajando con una «base interrelacionada». A este base en común, que a partir de ahora cuenta con un marco legal, se podrán sumar el Instituto Nacional de Toxicología, que posee con una importante base de datos especialmente relevante en el caso de las agresiones sexuales, y la Ertzaintza, que está pendiente de ultimar detalles de orden técnico, agregó.
La ley prevé que los datos contenidos en la base puedan ser utilizados únicamente por las unidades competentes para ello de la Policía y de la Guardia Civil, así como por las autoridades judiciales y fiscales. Mientras tanto, los datos podrán «cederse» a las autoridades judiciales, fiscales o policiales de terceros países de acuerdo con lo previsto en los convenios internacionales, al Centro Nacional de Inteligencia y a las diferentes Policías Autonómicas del país.
Según explicaron fuentes policiales, esto no significa que las policías autonómicas, por un lado, y la Policía Nacional y la Guardia Civil, por otro, no vayan a compartir sus datos, sino que tendrán «protocolos» diferentes. De esta manera, después de que los Mossos d'Esquadra cotejen un determinado perfil y confirmen que se encuentra en la base de datos única a partir de un registro de la Policía Nacional, por ejemplo, podrían tener que acudir a este cuerpo para solicitar datos complementarios.
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