Parte de un grupo de 40 subsaharianos llegados en cayuco el miércoles al puerto grancanario de Arguineguín. Foto: MARÍA BLÁNQUEZ/EFE

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OTR/PRESS-SEVILLA

Un total de 921 personas perdieron la vida en 2007 al intentar alcanzar las costas españolas de forma ilegal, según un informe sobre inmigración 'Derechos humanos en la frontera sur 2007', presentado este jueves por la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A). Según el documento, en 2008 esta cifra podría aumentar considerablemente, teniendo en cuenta que en los dos primeros meses del año ya son 89 los inmigrantes ilegales fallecidos, cuando en 2007 en ese mismo período se contabilizaron 12. Además se señala que el Estado efectuó 55.938 repatriaciones el año pasado.

APDH-A señala que 189 muertes y desapariciones del total se produjeron en las costas de nuestro país, mientras que 732 se produjeron en el continente africano (sobre todo en el Magreb y Africa Occidental). Del mismo modo, del estudio se desprende que la mayoría de las víctimas son irregulares de origen subsahariano, ya que entre los que se pudo identificar 629 procedían de esta zona. Además, 287 eran magrebíes y sólo cinco procedían de Asia.

Tras estas cifras, la asociación asegura que, aunque ha descendido el número de personas que han perdido la vida con respecto al año 2006, en 2008 no se mantendrá esta tendencia, ya que, sólo en los dos primeros meses de este año ya han fallecido 89 personas (seis en las costas canarias, 13 en las gaditanas, una en Ceuta, otra en Argelia y 68 más en las costas del Sahara y de Marruecos), de los más de 2.500 que han arribado en España, frente a las 12 contabilizadas en el mismo período de 2007 con cifras similares en cuanto al total de personas.

Esta organización no descarta una reactivación de la emigración clandestina hacia las costas andaluzas, «vistas las travesías más largas y dificultosas de otras rutas, por el despliegue del Frontex incluso en las costas de los países de origen».

En este sentido, APDH-A considera que, pese a las declaraciones de intenciones, el Gobierno español y la UE «siguen ignorando las causas que provocan las migraciones actuales y por tanto se ponen en marcha medidas muy restrictivas cuyo alcance y eficacia es coyuntural y cuyos efectos a medio plazo son imprevisibles».