Justicia tramita 37 indemnizaciones a homosexuales presos del franquismo

Según la Asociación de ex-presos sociales, al menos 4.000 personas sufrieron esa situación, aunque muchos de ellos ya han fallecido.

Tras dos años de colaboración con esta asociación, el Ministerio de Justicia trabaja ahora en un reglamento que permitirá obtener datos fiables sobre el número de afectados y en el que se especificarán las condiciones de acceso a las indemnizaciones y la documentación necesaria.

La localización de los documentos judiciales que justifican la situación de persecución padecida es, a juicio de las fuentes consultadas, una de las dificultades más importantes.

«En muchas ocasiones -explican en Justicia- los interesados carecían de toda acreditación de su situación y pese a haber sufrido el ingreso en determinado Centro Penitenciario tenían muchas dificultades, dado el tiempo transcurrido, para obtener por sus propios medios su expediente».

Desde el Ministerio de Justicia se ha dado instrucción a los Secretarios de los Tribunales Superiores de Justicia para que a través de sus Juntas de Expurgos se seleccionen todos los expedientes en los que se hubieran aplicado las leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Las fuentes señalan que todo esto sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, puedan establecer y poner en marcha los mecanismos que consideren para facilitar a esos ciudadanos la localización de sus expedientes.

La aprobación por el Gobierno de esa partida presupuestaria en los Presupuestos General del Estado para 2008 supone «reconocer la injusticia padecida por estas personas que sufrieron prisión y exclusión social, con grave afectación de sus relaciones personales y laborales», agregan las fuentes.

Manuel Toledano es uno de los 4.000 encarcelados y torturados durante el franquismo por homosexuales. El Gobierno elabora un reglamento para distribuir los dos millones de euros presupuestados para indemnizar a ese colectivo.

Gracias a una enmienda pactada entre PSOE e IU, en diciembre de 2007 el Congreso de los Diputados incluyó en los Presupuestos Generales del Estado una partida de dos millones de euros para indemnizar a las personas que fueron represaliadas por su condición sexual.

Tras el paréntesis electoral, los ministerios de Presidencia y de Justicia se afanan ahora en establecer un reglamento que permita obtener datos fiables sobre el número de afectados .