El ministerio británico del Interior proyecta una gran base de datos para guardar los detalles de las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y del tiempo que dedican a internet los ciudadanos del país.
Según el plan, del que informaba ayer el diario The Times, las compañías telefónicas y los proveedores de internet se verían obligadas a entregar automáticamente esa información al ministerio del Interior.
Este último conservaría los datos durante un mínimo de doce meses y la policía y los servicios de seguridad tendrían acceso a ellos previa autorización de un juez.
El año pasado se enviaron 57.000 millones de mensajes de texto por teléfono móvil y se calculan en 3.000 millones los correos electrónicos que se mandan diariamente en el país.
El proyecto forma parte del plan del Gobierno de aplicar una directiva adoptada por la UE tras los sangrientos ataques terroristas de julio del 2005 en la capital británica. Se suma a la introducción de un carné de identidad en el Reino Unido y al plan de conservar en otro gran banco de datos el historial médico de los pacientes del servicio de sanidad pública.
El plan «nos preocupa y creemos que va demasiado lejos. No creemos que haya justificación alguna para que el Estado guarde esos detalles de las llamadas telefónicas y el uso de internet de todos los ciudadanos», afirma Jonathan Bamford, encargado de velar por la protección de los datos personales.
«Ya hemos advertido varias veces de que caminamos sonámbulos hacia una sociedad de vigilancia total del ciudadano. Además, cuantos más datos se recojan y guarden, mayor es el problema si se pierden, se venden o se roban», agrega.
El portavoz del Interior de la oposición conservadora, David Davis, se refirió a la reciente pérdida por el gobierno de datos personales de millones de ciudadanos y dijo que el nuevo plan «podría ser antes una amenaza que un apoyo a nuestra seguridad».
Desde el pasado mes de octubre, las compañías telefónicas están obligadas a conservar durante un año los detalles de las llamadas telefónicas y los mensajes de texto, requisito que se va a extender a internet, a los correos electrónicos y a las llamadas por internet en un próximo proyecto de ley sobre comunicaciones.
La policía y los servicios de seguridad pueden acceder a esos datos previa autorización judicial, pero el Ministerio del Interior pretende que los datos no los guarden las propias empresas de telecomunicaciones sino que se entreguen automáticamente al Gobierno.
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