Los alumnos valencianos que cursen Educación para la Ciudadanía lo harán en inglés o, como opción B, harán un trabajo con un «enfoque transversal», elegido «con el consentimiento de la familia» y que permita acceder a los contenidos de la materia.
Así se recoge en la orden de la Generalitat para el desarrollo de la asignatura a partir del próximo curso en segundo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), presentada ayer por el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.
El conseller explicó en una rueda de prensa que la opción B se ofertará a los alumnos que objeten a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y que la misma garantiza a las familias «un control total sobre el proceso formativo» en esta materia.
Según la orden, la asignatura se organizará en segundo curso de Educación Secundaria obligatoria de dos formas diferentes.
La primera de ellas consistirá en el desarrollo del currículo de la materia por parte de profesores que deberán acreditar un nivel «intermedio» de inglés.
La segunda, en la que el profesor deberá estar apoyado por un docente del departamento de inglés de cada centro, consistirá en la realización de un trabajo con un «enfoque transversal» y una periodicidad trimestral.
La Conselleria garantizará que los alumnos que elijan esta opción dispongan de un texto, elegido «con el consentimiento de la familia o de quien ejerza la patria potestad», que permita acceder a los contenidos de la materia.
Por su parte, la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, anunció que el Ministerio recurrirá la orden dictada por la Comunidad Valenciana y advirtió que los alumnos que no asistan a clase «difícilmente obtendrán el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)».
Almunia tildó este decreto de «ocurrencia», y apuntó que el Gobierno está «dispuesto a debatir» con las comunidades autónomas del PP sobre ideas o propuestas que «puedan ser útiles para las familias», pero no sobre iniciativas como ésta.
En esta línea, instó al presidente del PP, Mariano Rajoy, a «poner orden entre sus barones autonómicos», para que cumplan con la Ley Orgánica de Educación, que, a su juicio, «deja claras cuáles son las consecuencias que tiene no acatarla». Asimismo, aseguró que la polémica suscitada en torno a esta materia es «política» y no educativa, ya que se ha desarrollado este curso 2007-2008 en varias regiones «sin conflictos en los centros educativos».
«La mejor respuesta que pueden tener los dirigentes del PP es que se fijen en esas comunidades para ver cómo se han formado nuestros jóvenes y cómo se ha desarrollado la asignatura», dijo.
En relación a una posible negociación sobre los contenidos «ideológicos» de la materia, Almunia manifestó que «nadie del PP» les ha dicho «qué es lo que quieren quitar».
El portavoz de Educación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Juan Antonio Gómez Trinidad, reiteró ayer el respaldo de su partido a la objeción de conciencia y a la no impartición de la asignatura «hasta que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo», sobre esta cuestión. Gómez Trinidad advirtió además que el PP se manifestará «siempre» en contra de la implantación de la asignatura al entender de su contenido de carácter «doctrinario e ideológico», que «divide a la sociedad», e instó al Gobierno a que la retire mientras no se consensue un contenido «estrictamente educativo».
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