Comparecencia ante los medios, tras el Consejo de Ministros, de la vicepresidenta primera, De la Vega. Foto: EFE

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Cerca de 100.000 inmigrantes podrán acogerse, a partir de septiembre, al plan de ayuda para el retorno voluntario de inmigrantes que permitirá que los desempleados extranjeros no comunitarios puedan regresar a su país de origen y cobrar su prestación de paro de forma anticipada.

Los trabajadores que se acojan a esta propuesta del Gobierno percibirán un adelanto del 40 por ciento de su prestación de desempleo antes de abandonar España, y el resto, un mes después de llegar a su país.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que «la mayor parte» de los inmigrantes que podrían acogerse a este plan proceden de Marruecos, Ecuador y Colombia, aunque España tiene suscritos convenios de Seguridad Social con 19 países en total.

El objetivo del plan es favorecer el desarrollo de los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas, con experiencia profesional, y también con ciertos recursos para continuar trabajando allí, precisa la referencia del Gobierno.

Los trabajadores que se acojan a este plan tendrán que esperar tres años antes de solicitar una nueva autorización para vivir y trabajar en España, aunque pasados cinco años, «tendrán derecho preferente para volver y formar parte del contingente» de empleo, ha precisado la vicepresidenta.

La iniciativa, que es de «carácter permanente y no coyuntural», «no anula ni sustituye», sino que «complementa» a los otros planes de retorno previstos en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Además, la vicepresidenta ha asegurado que se trata de una medida «justa y voluntaria, pensada por igual para beneficiar al trabajador, a su país y al nuestro» y que «se suma a otras similares aplicadas en otros países de nuestro entorno», ha precisado.

El Gobierno ha informado de este plan a los interlocutores sociales, al Parlamento y a las comunidades autónomas.

Por otra parte, el coordinador general y diputado de IU, Gaspar Llamazares, anunció ayer una campaña de actuaciones frente a la crisis económica y las directivas europeas de retorno y de las 65 horas semanales.

Según explicó, su formación ya se ha organizado para sumarse de forma activa a las movilizaciones frente a estas dos normas comunitarias a la vuelta del verano y, además, él mismo se reunirá antes de que finalice este mes con los sindicatos para buscar medidas que palien los efectos de las crisis en el mercado laboral.

El secretario regional del PSOE de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, afirmó ayer que le llena de «vergüenza» la actitud de «ricos segregacionistas» que se creen «tan ricos como para tener escuelas sólo para inmigrantes». En su intervención en el Congreso Regional del PSOE extremeño, que será el de su despedida, Ibarra ha criticado, sin citarla, la actitud de Partido Socialista de Cataluña con esta propuestas. «Dejemos que los de las balanzas fiscales se recreen en que son más ricos que los demás, dejemos que se sientan superiores y concedámosle la Medalla de Extremadura por lo bien que se portaron con nosotros», ha afirmado Ibarra.