La Unión Europea dio ayer un nuevo paso hacia la puesta en marcha de una gestión de la inmigración más estricta y vinculada a las necesidades del mercado laboral al alcanzar un acuerdo sobre el Pacto sobre Inmigración y Asilo.
El Consejo de Ministros comunitario cerró un acuerdo político sobre el Pacto, que será aprobado formalmente en la cumbre de líderes de la UE del 15 y 16 de octubre.
El texto limita la inmigración a las necesidades del mercado laboral y la capacidad de integración del país de acogida, con firmeza total contra los indocumentados y descartando las regularizaciones masivas.
Este Pacto, uno de los objetivos prioritarios de la presidencia francesa de la UE, es sólo un compromiso político a partir del cual se deben articular las nuevas medidas de la política común de inmigración que tomarán forma en los próximos años.
El ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, rechazó que con este Pacto la UE vaya a convertirse en una «fortaleza», pero afirmó que tampoco puede ser un «colador» por el que se pase sin control. «Una Europa colador significa la puerta abierta a la clandestinidad y a la indignidad» de los inmigrantes, afirmó Hortefeux, uno de los artífices del Pacto, en una conferencia de prensa tras el final del Consejo de Ministros de Justicia e Interior.
El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, consideró que el Pacto «es un gran paso» dentro del objetivo de los Veintisiete de «ligar los flujos migratorios al mercado de trabajo» a fin de evitar el tráfico de personas y los abusos que sufren los indocumentados.
Si no se vincula la inmigración a las necesidades laborales se produce una «degradación del mercado de trabajo y una regresión de las conquistas sociales», aseguró.
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