Los ministros de Medio Ambiente de la UE tienen previsto debatir hoy algunos de los puntos más espinosos del plan europeo contra el cambio climático, presionados por la necesidad de resolver lo antes posible las diferencias entre países para poder llegar a un acuerdo el próximo diciembre.
La crisis financiera amenaza con frenar las medidas proyectadas, como ya puso de manifiesto la cumbre que los líderes de la Unión celebraron el pasado miércoles y jueves, cuando cerca de una decena de países pidieron una rebaja de esos compromisos.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, cuyo país preside la UE este semestre, ofreció aplazar a la cumbre de diciembre el acuerdo final de los planes, lo que hará necesaria la unanimidad y permitirá a cualquier país oponer su veto.
Polonia e Italia ya han amenazado con recurrir a esa opción si las medidas no satisfacen los intereses de su industria.
En ese contexto, el debate de los titulares de Medio Ambiente se centrará en la revisión del sistema europeo de comercio de emisiones, que obligará a las industrias a recortar sus gases contaminantes un 21% para 2020, con respecto a los niveles de 2005.
El sistema prevé la introducción de un régimen de subasta de los permisos que las instalaciones reciben para poder emitir CO2, autorizaciones que ahora se conceden de forma gratuita.
Bruselas ha propuesto que el 100% de las empresas eléctricas entre a partir de 2013 en la compra por subasta de los derechos, puesto que muchas de ellas ya están repercutiendo esos costes sobre los precios que pagan los usuarios.
Sin embargo, Polonia y otros países de la Europa oriental se oponen a que la compra de permisos alcance al total de eléctricas desde el primer año y piden que la entrada de las mismas sea gradual.
Para el resto de instalaciones industriales, la Comisión ha propuesto que el 20% entre en 2013 en la subasta y que siga aumentando progresivamente hasta llegar al 100% en 2020.
Alemania reclama, sin embargo, que el porcentaje se mantenga en el 20% para todo el periodo 2013-2020.
Por otra parte, los ministros hablarán de los sectores de la industria más contaminante que podrían quedar exentos del pago de los permisos, si se comprueba que ello puede incitar a la deslocalización de fábricas hacia lugares con una legislación ambiental más permisiva.
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