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Hoy se lleva al Consejo de Ministros el informe del Comité de Expertos, equipo de personas que asesora al Gobierno sobre la reforma de ley del aborto, que propone que las interrupciones puedan ejercerse libremente en las 14 primeras semanas de embarazo, según anunció ayer en rueda de prensa la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

En el texto del grupo de expertos se plantea ampliar el límite hasta 22 semanas cuando exista un grave peligro para la vida o salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, debe constar un dictamen médico con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la operación.

En el caso de malformaciones incompatibles con la vida y que se han diagnosticado más allá de las 22 semanas, los expertos proponen que la interrupción se pueda hacer hasta el final.

Por otra parte, el comité considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, que «en ningún caso» las mujeres que decidan interrumpir su embarazo «podrán ser castigadas con penas de prisión».

Los expertos también recomiendan que se reconozca la autonomía en la decisión a las jóvenes a partir de los 16 años sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores. La ministra justificó esta postura diciendo que una joven de esa edad «puede casarse, mantener relaciones sexuales, tener hijos y responsabilidad penal». En todo caso, matizó que se trata de «una propuesta a tener en cuenta por el Gobierno».

Por otra parte, plantean que la objeción de conciencia no sea un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria en el sistema público de salud.

Además, las conclusiones recogen que la nueva regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debe ir acompañada de una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, el derecho a la reproducción y el acceso en condiciones de equidad a los métodos de control de la natalidad.