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La prohibición total del tabaco en bares y restaurantes, que quiere impulsar el Ministerio de Sanidad, no perjudicará a la hostelería como aseguran desde este sector. Lo mantiene el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que considera que «la restricción de fumar en los espacios públicos es una oportunidad antes que una amenaza».

Para afirmar esto se basan en investigaciones científicas realizadas en países donde esta prohibición ya existe. Según el último documento técnico elaborado por la citada comisión en octubre de 2009, «todos los estudios acerca del impacto económico» demuestran que «no hay efecto».

Por el contrario, José Luis Guerra, miembro de la Federación Española de Hostelería, estima que la prohibición de fumar en los restaurantes provocará una caída del 10% de las ventas aparte del 7% que ya ha provocado la crisis y una caída de empleo de hasta 20.000 puestos de trabajo.

La ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que entró en vigor el 1 de enero de 2006, prohíbe fumar en los centros de trabajo y en los establecimientos de hostelería y restauración de más de 100 metros cuadrados si no habilitan zonas específicas. Los más pequeños pueden elegir entre dejar fumar o no. Ahora, la Federación Española de Hostelería califica de «absolutamente inoportuno» que Sanidad quiera ahora ampliar la prohibición de fumar en bares y restaurantes y afirma que lo que tiene que hacerse es «que se cumpla la ley» actual.

José Luis Guerra calcula que el cambio normativo tirará por la borda los «1.000 millones de euros» que invirtieron los locales en adaptarse a la normativa en vigor.

Mientras tanto, la ministra Jimenez aseguró ayer que cada día mueren entre tres y cinco españoles por tabaquismo pasivo y 153 por tabaquismo activo.

La ministra Trinidad Jiménez afirmó que el cumplimiento de la actual ley antitabaco «deja mucho que desear» y alega que sólo el 1 por ciento de los establecimientos ha aplicado la normativa.

Un argumento que asumen los hoteleros al reclamar que se haga cumplir la ley, dada la suma de dinero invertida en adaptar los locales a los requisitos demandados hasta ahora por Sanidad.